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Como se publicó en Maryland Daily Record - Por Philip Federico

La avicultura es una de las industrias de más rápido crecimiento en Estados Unidos, ya que las preferencias dietéticas favorecen al pollo frente a la ternera y las tecnologías de cría y procesado han traído una nueva era de producción masiva consolidada.

Las empresas que explotan instalaciones avícolas han podido eludir durante décadas el escrutinio normativo gracias a los beneficios económicos que proporcionan a estas comunidades, mientras que las familias han acogido con satisfacción la afluencia de "carne barata" en el supermercado.

Sin embargo, esto no se ha producido sin importantes consecuencias medioambientales y sanitarias, especialmente en nuestra región. Maryland y Delaware son un centro neurálgico para las necesidades avícolas de nuestro país.

Según el Pew Environment Group, el 6% de la producción de todo el país se produce en estos dos estados, en menos de la mitad de su superficie.

Las consecuencias de esta densidad han sido catastróficas y hace tiempo que debería haberse hecho un ajuste de cuentas. Pero hoy, los defensores de la justicia medioambiental están dando la voz de alarma sobre cómo sus comunidades se han visto asoladas por la contaminación de la industria avícola, cómo los reguladores no han actuado y qué hay que hacer para abordar las consecuencias para la salud pública.

El procesado de aves de corral es un negocio sucio, que requiere cinco galones de agua limpia para procesar un pollo. A su vez, una planta de procesamiento típica puede generar millones de galones de aguas residuales al día, que están contaminadas con plumas, suciedad, materia fecal, sangre y carne.

Estas aguas residuales y lodos, una vez tratados, se rocían y vierten en tierras de cultivo y bosques, o se vierten directamente en masas de agua superficiales como ríos o arroyos.

Si se hace de acuerdo con la normativa y los permisos, los residuos son absorbidos por los cultivos y la vegetación sin afectar a la comunidad en general. Sin embargo, si las aguas residuales no se tratan y eliminan adecuadamente, puede producirse una contaminación de las aguas subterráneas.

Las aguas residuales de las aves de corral tienen un alto contenido en nitratos, lo que se ha relacionado con graves problemas de salud, como malformaciones congénitas, daños cerebrales y cánceres.

La densidad de pollos en relación con el terreno disponible en la zona de Delmarva agrava mucho este problema. En resumen, hay demasiados residuos en una superficie demasiado pequeña para eliminarlos.

A principios de este mes, nuestro bufete anunció un acuerdo histórico en el que estaba implicada Mountaire Farms, una de las mayores empresas de procesamiento de pollos del país.

Alegamos que, durante más de 20 años, Mountaire supo que sus prácticas ilegales de vertido estaban contaminando las aguas subterráneas y el aire de Millsboro, Delaware.

En lugar de solucionar el problema, la empresa aumentó rápidamente la producción y la generación de residuos, creando una amenaza sustancial para los habitantes de Millsboro: contaminando su agua potable, causando graves problemas de salud y mermando el valor de sus propiedades y su modo de vida.

Este acuerdo -que se cree que es el mayor de la historia en materia de contaminación de aguas subterráneas por nitratos- incluye un fondo de 65 millones de dólares para los miembros de la comunidad, 120 millones para las mejoras necesarias de la planta y la rehabilitación de Mountaire, y 20 millones para las operaciones y el mantenimiento en curso.

Ramificaciones importantes

Este acuerdo se suma a la victoria del mes pasado de la Chesapeake Legal Alliance, que obligará a Maryland a regular las emisiones gaseosas de amoníaco de las granjas avícolas. Combinadas, las ramificaciones de estos casos se extenderán por toda la región.

En primer lugar, la imagen de la cría de pollos como un "negocio familiar", propagada por la industria, está quedando al descubierto. Los pollos ya no son criados por pequeñas granjas; de hecho, el número de granjas individuales que crían pollos para la alimentación ha disminuido en un 98% desde 1950. Eso significa que las grandes granjas industriales están procesando aves de corral, con importantes repercusiones en esas regiones.

En segundo lugar, se ha hecho evidente que los reguladores medioambientales no sólo están mal equipados para detener esta contaminación, sino que en algunos casos han hecho la vista gorda.

En el caso Mountaire, tuvimos que pedir a un juez federal que impidiera al organismo de control medioambiental de Delaware firmar un decreto de consentimiento con la empresa que le habría permitido seguir contaminando el medio ambiente y pagar una pequeña multa.

Del mismo modo, el mes pasado los reguladores de Maryland propusieron conceder 13 millones de dólares a la planta de pollos Valley Farms de Eastern Shore para que limpiara su contaminación, cuando debería ser la propia empresa la que pagara la factura.

En tercer lugar, grupos ecologistas muy bienintencionados y formados han intentado denunciar y poner fin a las injusticias medioambientales, pero carecen de fondos y personal suficientes.

Sin embargo, el caso Mountaire ha enviado una señal a otras empresas avícolas de que un equipo jurídico con recursos económicos y experiencia está dispuesto a enfrentarse a ellas con gran inversión de tiempo y dinero, lo que crea unas condiciones más equitativas.

El aire y el agua limpios son un derecho humano básico. Aunque la industria avícola haya evitado el escrutinio durante décadas, ahora está sobre aviso. La contaminación por nitratos es ahora más fácil de identificar, y también de tratar.

Además, los ecologistas disponen ahora de medios jurídicos para denunciar a los infractores y, afortunadamente, los avances tecnológicos han facilitado y abaratado el tratamiento de la contaminación.

En definitiva, ya no hay excusas para dejar que la industria contamine impunemente y se escape con un tirón de orejas.

La nueva realidad es que ahora existe una forma de exigirles responsabilidades que marcará la diferencia en la vida de los residentes de Maryland.

Foto del autor

Phil Federico es socio de Baird Mandalas Brockstedt & Federico, donde ayuda a dirigir las prácticas de Daños Colectivos / Acciones Colectivas y Derecho Ambiental, pasando a estas áreas después de comenzar su carrera como litigante de negligencia médica.

Phil ha dirigido y participado en litigios históricos y pioneros con veredictos y acuerdos que superan los mil millones de dólares.

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